En la provincia de Río Negro, la actividad frutícola sigue en caída libre y entre los manzanos perales comienzan a observarse torres de perforación petrolera.

Mucho se ha discutido sobre la posible “convivencia” entre ambas actividades económicas. Lo cierto es que son muchos los interrogantes sobre la viabilidad de las dos actividades en la región y si es posible su desarrollo en centros urbanos. De ser así, ¿funciona la autoridad de aplicación?

En una nota publicada en el diario “Río Negro” por Silvana Salinas y Diego Von Sprecher expertos de diversos sectores y referentes del ámbito productivo, económico, académico y profesional de Río Negro y Neuquén opinaron sobre el desarrollo paralelo de fruticultura y petróleo y explicaron técnicamente por qué la “convivencia” no va de la mano con la realidad.

“Estas dos actividades requieren de insumos algunos comunes y otros no y compiten por un mismo sitio geográfico, mano de obra, recurso hídrico, red de desagües y energía entre otros y requieren de un sistema de elementos estructurales y no estructurales diferentes, lo cual las hace actividades de difícil coexistencia en la medida que estos elementos se configuraran para una u otra actividad”, dijo el ingeniero Federico Horne, PhD, profesor titular del Área de Recursos Hidráulicos y director del Instituto de Tierras, Agua y Medioambiente (Itama) de la UNC.

El docente e investigador indicó que el impacto se da tanto en el aspecto físico como en el social, el ambiental, económico y cultural, en relación a su influencia directa e indirecta en la población.

Señaló que científicamente se produce una contaminación aérea y sonora afectando a habitantes y fauna. Más en caso de un accidente de explosión o incendio. En tanto el suelo y la napa freática “son los más comprometidos”, afirmó.

Por su parte, Andrés Paternolli, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Río Negro (CPIA) no dudó en afirmar que “estamos convencidos de que la actividad hidrocarburífera trae un perjuicio directo”. Es por eso que desde la entidad que agrupa a más de 800 ingenieros matriculados en toda la provincia se propuso generar un espacio interdisciplinario para “ser partícipes activos ya sea como un contralor, haciendo fiscalizaciones directas o colaborando en los estudios de impacto ambiental” porque se desconoce qué tipo de controles se realizan.

En Allen, desde el municipio se comenzó a mirar con mayor rigor la actividad y tomar cartas en el asunto, aunque el agente de control es la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Dina Migani.

Desde este área provincial se limitaron a informar solo por escrito que la Secretaría posee una delegación en General Fernández Oro cuya “principal tarea es el control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera” que se desarrolla en la provincia.

Se indicó que entre el 2015 y 2016 se realizaron más de 900 actas actas de EFO unas 300 entre los dos años aproximadamente- pero “al día de la fecha no se han cobrado multas por infracciones en los años 2015 y 2016”.

Además, se han realizado “más de diez imputaciones por incumplimiento a la normativa en lo que va del año, sea por razones de incumplimiento formal o por ocurrencia de incidentes/accidentes, las cuales se encuentran transitando el procedimiento sumarial que determinará la procedencia de aplicar sanciones más gravosas”.


En el mes de octubre, miles de litros de agua salada de un pozo de gas ubicado en medio de la zona rural, en Allen, sembró dudas sobre los controles que se realizan. Desde YPF se reconoció que el agua emanó del pozo porque una válvula de las instalaciones se encontraba abierta.

El pozo en el que se registró el incidente el pasado 10 de octubre había sido perforado pero aún no estaba en producción. Días después del derrame el secretario de Energía, Sebastián Caldiero, disertó en el Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de Hidrocarburos en Bariloche, y dijo que no debía haber “margen de error” en las operaciones que se realizan en Allen.