“Nuestro objetivo es alcanzar la seguridad energética y mitigar el impacto ambiental”. Con estas palabras, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, defendió ante la Cámara de Senadores el aumento de tarifas de gas y electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras la quita de subsidios, en lo que fue un fuerte giro tras dos años de gobiernos kirchneristas.

El funcionario macrista -que está en el ojo de la tormenta por la forma en que aplicó los reajustes tarifarios y por las denuncias de incompatibilidad con la función pública por las acciones que posee en la petrolera Shell, de la que fue CEO- se presentó el miércoles 22 de junio ante las comisiones de Minería, Energía y Combustible y de Derechos Humanos y Garantías, ante las cuales defendió la nueva política energética de las críticas opositoras.

“El objetivo no es reducir el déficit fiscal, sino que haya más energía", aseguró Aranguren, que justificó el aumento de tarifas por la situación heredada. Así, advirtió que "entre el 13 y el 14 por ciento de la energía es importada" y que hubo una “caída en la calidad del servicio por no reconocer los costos del servicio”. “Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto”, alertó.

En este marco, el ministro justificó la quita de subsidios a la mayoría de la población y el lanzamiento de la “tarifa social” -subsidiada- para una minoría. "Nos parece más razonable subsidiar a la demanda que subsidiar a la oferta, como se hizo en los últimos doce años", afirmó. Y aseguró que hay una “política activa para poder proteger a aquellos sectores que están en una situación delicada y que merecen una tarifa especial”. "Se trabaja junto con (el Ministerio de) Desarrollo Social para identificar poblaciones en riesgo", acotó, en una nota reproducida por Parlamentario.

Aranguren reconoció luego el impacto negativo de los reajustes en algunos sectores, tras lo cual anunció que se lanzará una tarifa disminuida en un 20 por ciento para pequeñas y medianas empresas “electro-intensivas”.

A modo de resumen, Aranguren aseguró que la policía energética de Macri brega por “asegurar el abastecimiento energético”, por “que aquél que tenía una situación de ingreso que le impedía pagar el reajuste tarifario va a ser apoyado por el Gobierno nacional” y por “diversificar” la matriz energética.

Como era de esperar, los legisladores opositores salieron con los tacones en punta. El bonaerense Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) denunció que la tarifa social está “lejos de llegar a sectores importantes que realmente lo necesitan”, como ser la “clase media baja”, los clubes barriales que realizan tareas de “contención social” y las pymes. En este sentido, Daniel Lovera (PJ-La Pampa) le transmitió su preocupación al ministro por las "entidades que ya han tenido que cerrar sus puertas" a partir de los aumentos tarifarios.

La formoseña Graciela De la Rosa (FpV-PJ) también se refirió al “tremendo impacto social” pero en tono más duro. “Al bolsillo golpeado por una inflación anualizada del 40 por ciento le llega este tarifazo (…) Estamos en un proceso recesivo y lo único que hace esa política tarifaria es acentuar un camino de recesión”, advirtió primero. Más adelante pidió lisa y llanamente “retroceder” con las medidas adoptadas, al tiempo que rechazó los argumentos de Aranguren: “no creo que (la nueva política tarifaria) tenga que ver con la generación de energía”.

La más crítica , sin embrago, fue una senadora que abandonó el Frente para la Victoria la semana pasada. En una larga exposición en la que repasó las consecuencias del aumento de tarifas y de las naftas, la misionera Sandra Giménez reprochó al ministro por omitir en su informe que Argentina comprará el gas boliviano que producirá Shell, empresa de la que es accionista.

Por su parte, Aranguren volvió a justificar el aumento de tarifas por la necesidad de “modificar un estado de situación”, por “un país que heredamos”. “Nos estábamos y nos estamos quedando sin energía”, advirtió.

También justificó el precio de las naftas, que sufrió cuatro aumentos desde que asumió Macri, hasta totalizar una suba del 30 por ciento. “No hay subas en las naftas; hay un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad”, dijo, en lo que fue una de sus definiciones más fuertes de su presentación.

Por otro lado, el ministro reconoció las idas y vueltas en su administración, al afirmar: “estamos aprendiendo sobre la marcha”.

En otro orden, Aranguren rechazó la posibilidad de que Argentina pueda vivir de la importación de energía: “no tenemos puertos, vías navegables, depósitos para vivir con la importación”, afirmó.

Por otro lado, destacó como “un aporte de esta administración” que a partir del 10 de diciembre de 2015 “el costo de exportación e importación es público y transparente”. (Foto: Prensa Senado).