Caso YPF: la jueza Prezka falló en contra de pedido argentino

Thu, 11 Jan 2024 21:26:46 -0300

La Justicia de los Estados Unidos rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en Nueva York por la nacionalización de YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

La decisión fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de US$16.000 millones.

La fecha tope para presentar las garantías fue fijada para el 10 de enero, por lo que los litigantes ya están en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.

El argumento del Estado argentino, que señaló "falta de acceso a fondos" para hacer el depósito de garantías, "demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo", señaló la jueza Preska, al darle la razón a los demandantes, que se opusieron a este pedido, consignó la agencia AFP.

El fallo supone un duro golpe para la Argentina, que apeló la sentencia dictada en noviembre último por Preska, la mayor de la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan.

En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.

Burford precisó -en una nota enviada a inversores en septiembre ultimo- que compró derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias, y que luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores.

Por lo tanto Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio.

En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derecho de litigio.

En base al acuerdo firmado con ambos, el "impacto neto combinado de esas transacciones que Burford espera recibir es de 73% de lo ingresos", precisó el fondo de inversión en la misma nota.

El lunes pasado, por otro lado, Preska concedió al gobierno argentino plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, al modificar la fecha original prevista para el 23 enero próximo.

Gobernadores convocaron a reunión de la OFEPHI y solicitaron que se incluya al sector en el régimen de incentivo a grandes inversiones

Thu, 11 Jan 2024 21:18:54 -0300

Durante la cumbre que compartieron el jueves 11 de enero en Villa La Angostura, gobernadores patagónicos reclamaron cambios en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno Nacional

Los mandatarios plantearon temas importantes a desarrollar como la redistribución de impuestos no coparticipables y anunciaron una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), para el próximo miércoles, a las 15.

En la declaración conjunta y en referencia a los hidrocarburos, los gobernadores recordaron que en conjunto “las provincias patagónicas estamos produciendo más del 90% de la producción de hidrocarburos en todo el país, por eso hemos decidido convocar urgentemente a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) para que las decisiones que se tomen en materia de hidrocarburos se hagan en el marco de toda la organización”.

“En este sentido, respecto del capítulo CAPÍTULO IX – ENERGÍA – Sección I – De la Ley N° 17.319, de Hidrocarburos, del Proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, en defensa del dominio originario por parte de las provincias, de los recursos naturales existentes en su territorio, consagrados en el artículo 124 de nuestra constitución Nacional, columna vertebral de nuestro sentir federal y patagónico”, enfatizaron, para remarcar que el proyecto de ley debe ser revisado, teniendo en cuenta que “de acuerdo a la normativa vigente, si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios”.

En este contexto, expresaron:

Compartimos las modificaciones que permitan lograr un marco jurídico para la industria hidrocarburífera que generen más empleo y actividad económica en nuestras provincias, que se convierta en más riqueza para los patagónicos y los argentinos.

Acompañamos también aquellas iniciativas que incentiven las inversiones para lograr mayor producción de petróleo y gas que fortalezcan la seguridad energética nacional y las exportaciones de la República.

Pero como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación. Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico.

Volvemos a solicitar la modificación de los más de 30 artículos que ponen al Poder Ejecutivo Nacional como autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera en nuestro país, cuando es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional, como mencionamos anteriormente, y de la Ley 26.197 que establece que “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. Estos artículos del proyecto de Ley rozan la inconstitucionalidad.

Si bien compartimos la modificación respecto de la cual los objetivos principales bajo el cual el Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional hidrocarburífera, será “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, creemos que dicho objetivo, debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad. Necesitamos imperiosamente el concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial.

No compartimos lo expresado en el artículo 291º del proyecto de ley, que sustituye el artículo 80º inc e) de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, eliminando como causal de caducidad de las concesiones o permisos el no haber dado cumplimiento a las obligaciones resultantes del artículo 32º; que a su vez establece que “Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 22 y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 33”.

Solicitamos modificar los artículos 57 y 58 de la Ley 17319 que determinan los montos de los Canones de Exploración y Explotación incorporando los conceptos establecidos en el decreto 770/2020, de modo tal que estos valores se actualicen de acuerdo al valor internacional del petróleo.

Pedimos corregir la redacción del artículo 207º del Proyecto de Ley que “delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar, a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, las alícuotas de los derechos de exportación de todas aquellas mercaderías comprendidas en los artículos 203 y 204. Sin embargo, dichas alícuotas no podrán superar en ningún caso el QUINCE POR CIENTO (15%)”; ya que, si bien el artículo 204 del mencionado proyecto de Ley mantiene la vigencia de los derechos de exportación actualmente vigentes, para los hidrocarburos y la minería (8%), luego le brinda la posibilidad al Poder Ejecutivo de incrementarlos hasta el 15%. Por eso pedimos, que el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos, no pueda superar el 8% actualmente vigente.

En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGE), es importante tener en cuenta que, si bien tanto los sectores de energía, como petróleo y gas son considerados dentro de dicho régimen, la redacción actual descartaría, en principio, proyectos de explotación hidrocarburífera, por lo que solicitamos su adecuación”.

Por otra parte, en cuanto a las Concesiones Hidroeléctricas, los mandatarios solicitaron “participar en los procesos de toma de decisiones sobre dichas concesiones, ya sea que se prorroguen las mismas por un determinado plazo; o se disponga una nueva licitación pública para elegir a un nuevo concesionario (a quien se le deberán transferir las acciones sobre dichas sociedades); o se resuelva la estatización y gestión pública de esas centrales, aunque pareciera menos probable en este nuevo contexto político nacional”.

También pidieron “participar en los directorios de las referidas sociedades que llevan a cabo la generación hidroeléctrica, mediante la designación de directores que respondan a los intereses de las provincias”.

Y se manifestaron por el Cobro de canon por uso del recurso hídrico (art. 15, inc. 9, ley n° 15.336) y el Cobro de regalías por la venta de la energía generada (art. 43 ley n° 15.336: 12%) valorizada de manera que respondan a su real valor.

El encuentro se desarrolló en El Messidor, residencia oficial del Gobierno de la Provincia del Neuquén en Villa La Angostura, donde el anfitrión, gobernador Rolando Figueroa, recibió a sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El Gobierno eliminó el Sistema de Capacidad Económica Financiera para normalizar y facilitar las importaciones

Thu, 11 Jan 2024 07:49:48 -0300

El Gobierno Nacional eliminó la obligación de registrarse en el Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF), un trámite que se utilizaba para restringir y limitar las operaciones de comercio exterior.

Esta medida, que se comunicó a través de la Resolución General Conjunta 5478/2024 de la Secretaría de Comercio y la AFIP, busca simplificar y dar certidumbre a los importadores y fabricantes locales para que puedan tener acceso a sus insumos.

De esta manera, la medida otorgará mayor libertad para importar e impedirá que exista arbitrariedad de parte del Estado a la hora de intervenir en el proceso de compras en el exterior.

El Sistema CEF constituía una enorme barrera a la hora de importar, analizando un gran número de variables atinentes a la situación financiera de las empresas que no guardan relación con el nuevo sistema declarativo.

La decisión de eliminar el Sistema CEF se da en el marco de la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRAs) y las Licencias No Automáticas, y está en línea con la creación del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), la nueva plataforma de análisis y seguimiento de datos estadísticos sobre importación de bienes, impulsada por el gobierno nacional con el objetivo de normalizar y agilizar el comercio exterior.

Vaca Muerta News

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